El proceso PEG-5, considerado la mayor licitación eléctrica en la historia de Guatemala, recibió un total de 51 ofertas técnicas por aproximadamente 4.700 MW de capacidad instalada, más de tres veces el requerimiento base de 1.400 MW. El volumen de propuestas confirma un escenario de alta competencia para contratos de suministro de hasta 15 años que deberán iniciar entre 2030 y 2033.
El Plan de Expansión de Generación 5 (PEG-5), impulsado por el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, establece la contratación de potencia firme y energía asociada para las distribuidoras EEGSA y Energuate -que opera a través de DEOCSA y DEORSA- con el objetivo de asegurar el abastecimiento a largo plazo ante el crecimiento proyectado de la demanda.
Según los datos preliminares difundidos durante el acto de apertura, 59 empresas adquirieron las bases de licitación y 51 presentaron ofertas formales. Del total ofertado, alrededor de 2.000 MW corresponden a proyectos solares fotovoltaicos -incluidas propuestas híbridas con almacenamiento-, mientras que aproximadamente 700 MW provienen de tecnologías térmicas, principalmente gas natural. El resto se distribuye entre otras fuentes renovables y convencionales.
Las autoridades estiman que el proceso podría movilizar inversiones superiores a los 3.700 millones de dólares, cifra que, se asegura, lo posiciona como uno de los mayores catalizadores de inversión en infraestructura energética en Centroamérica. La sobreoferta registrada abre la posibilidad de una mayor presión competitiva en la subasta inversa prevista para el 25 de marzo de este año, cuando se conocerán las ofertas económicas.
El ministro Víctor Hugo Ventura destacó que el proceso forma parte de la estrategia gubernamental orientada a avanzar hacia la electrificación universal durante esta administración. Aseguró además que el PEG-5 busca cubrir nuevos picos horarios de consumo y acompañar el crecimiento de la demanda nacional, en un contexto de expansión industrial y aumento del consumo residencial.
Desde el punto de vista regulatorio, el proceso se enmarca en la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, que contempla exenciones fiscales y arancelarias de hasta diez años para tecnologías como solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Este marco parece haber sido determinante para explicar la fuerte participación de proyectos renovables en la licitación.
El cronograma oficial prevé la adjudicación de los contratos el próximo 16 de abril. Una vez adjudicados, los proyectos deberán iniciar el suministro de forma escalonada entre 2030 y 2033.
Cuando fue presentado el proceso en abril del año pasado, se explicó que la inversión estimada para generación y transmisión podría oscilar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares
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