Los desarrolladores de energía solar y eólica en EE. UU. enfrentan ahora otra medida gubernamental restrictiva para el desarrollo, ya que el Departamento del Interior anunció que requerirá una “revisión elevada” por parte de la Oficina del Secretario para la concesión de permisos de proyectos.
Los proyectos que buscan concesiones, derechos de paso, planes de construcción y operación, subvenciones, consultas y opiniones biológicas estarán ahora sujetos a la aprobación del Secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum.
“La dominancia energética estadounidense está impulsada por la producción nacional de energía de base confiable, no por el favoritismo regulatorio hacia proyectos energéticos poco fiables que dependen exclusivamente de subsidios públicos y equipos de origen extranjero”, dijo Adam Suess, secretario interino asistente para Tierras y Minerales, en un comunicado del Departamento del Interior.
Esta medida sigue a una orden ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, a principios de este mes que instruyó al Departamento del Interior, en un plazo de 45 días, a realizar una revisión de regulaciones, directrices, políticas y prácticas para determinar si se aplica un “trato preferencial” a instalaciones eólicas y solares en comparación con fuentes de energía despachables. Si se encuentra tal “trato preferencial”, instruye al Departamento a eliminar esas disposiciones.
“Eliminando estas ventajas artificiales, el Departamento está nivelando el campo de juego para fuentes de energía despachables, rentables y seguras, como el carbón limpio y el gas natural nacional, después de años de asalto bajo la administración anterior”, dijo el Departamento del Interior.
Kabir Green, director de asuntos federales para naturaleza del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus inicilaes en inglés), afirmó que esta medida impone un escrutinio sin precedentes y obstáculos burocráticos que podrían retrasar indefinidamente o impedir los proyectos de energía limpia en tierras públicas.
“No se trata de supervisión, sino de una obstrucción sin restricciones a los proyectos eólicos y solares que crean empleos, reducen la contaminación, bajan costos y fortalecen a las comunidades”, dijo Green. “Esta política protege las ganancias de ciertas industrias, no el interés público”.
Green calificó como “absurdo” el requisito de que Burgum deba aprobar personalmente cada proyecto para una amplia variedad de acciones de permiso.
“¿Se imaginan si el Secretario Burgum manejara su compañía tecnológica multimillonaria así, revisando él mismo cada solicitud de TIC? Ese tipo de microgestión paralizaría cualquier operación, y aquí se está usando deliberadamente para extinguir el desarrollo de energías renovables”, afirmó Green.
Ray Long, presidente y director ejecutivo del Consejo Americano para la Energía Renovable (ACORE), dijo que las reglas representan un “tsunami de burocracia y obstáculos” para la inversión en proyectos solares y eólicos.
Long señaló que “la aprobación personal de Burgum en al menos 69 acciones de permisos distintas – desde el arrendamiento de terrenos hasta solicitudes de derecho de paso – en potencialmente cientos de proyectos representa un enfoque innecesario e ineficiente que generará retrasos significativos e incertidumbre.”
La administración Trump hizo campaña con un enfoque “todo lo anterior” para la política energética, pero desde entonces ha realizado cambios radicales que apuntan a desacelerar el desarrollo solar y eólico. Bajo la ley conocida como One Big Beautiful Bill -impulsada por el presidente Trump que busca extender recortes fiscales y endurecer políticas sociales y migratorias-, y respaldada por los republicanos, los desarrolladores ahora enfrentan plazos estrictos para la elegibilidad de créditos fiscales y restricciones sobre contenido extranjero.
“[Esta acción] está en conflicto directo con los objetivos declarados del Secretario como presidente del Consejo Nacional de Dominancia Energética: aumentar la producción energética nacional y agilizar el desarrollo,” dijo Long.
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