El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España (Minetur) ha dado un amargo regalo de navidad a los productores fotovoltaicos. Minetur asegura mediante un comunicado de prensa que el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por la comunidad autónoma de Murcia contra la supresión de la tarifa fotovoltaica estipulada por el Real Decreto-Ley 9/2013.
El comunicado por el cual el TC avalaría el nuevo marco retributivo a la solar y otras renovables impuesto por el gobierno del Partido Popular es una respuesta inmediata a la difusión de la las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre la constitucional de la supresión de la tarifa regulada y la incertidumbre generada durante el periodo transcurrido hasta la articulación del nuevo sistema retributivo. Tras el periodo de alegaciones, el Supremo tenía intención de enviar el caso ante el Constitucional para su evaluación.
Según el comunicado del Minetur, el Constitucional “valida por tanto los principios del nuevo marco retributivo para las energías renovables, que han sido desarrollados por el Gobierno como parte de la reforma eléctrica”.
No obstante, el ministerio que encabeza José Manuel Soria no indica detalles sobre la referida sentencia, que tampoco ha sido hecha pública por el TC ni difundida por la Comunidad Autónoma de Murcia, precursora del recurso de anticonstitucionalidad. Según informa El País, fuentes del Constitucional habrían señalado que se trata de una sentencia de la semana pasada todavía no notificada y que contiene un voto particular.
Minetur también indica en su comunicado que la sentencia “sentará probablemente criterio en los sucesivos recursos en este ámbito, avalando así la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura”.
Más de 500 recursos ante la normativa que modifica de manera retroactiva el régimen retributivo de las renovables se encuentran actualmente a dictamen del Tribunal Supremo. De sentar jurisprudencia, la sentencia del TC filtrada por el Minetur pondría fin a las esperanzas de los productores fotovoltaicos españoles, que confiaban en que las más altas instancias jurídicas españolas devolviera la seguridad jurídica a sus inversiones.
Las asociaciones sectoriales han presentado oposición desde la promulgación de la referida normativa y han advertido de que la “retribución razonable” que sustituye a la anterior tarifa regulada supone de facto un recorte de hasta el 50 por ciento sobre lo prometido en su día por el Estado español, lo que conduciría a la quiebra de muchos pequeños productores de energía y empresas. (María Rosado)
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