La presidencia de la COP30 presenta una hoja de ruta para orientar la transición para dejar atrás los combustibles fósiles

La Presidencia de la COP30 presentó el pasado martes (3 de noviembre) una hoja de ruta para orientar la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, con una metodología destinada a evaluar las condiciones de cada país e identificar las prioridades de implementación. El documento propone un enfoque basado en tres dimensiones: demanda de energía, oferta energética y estructura económica.

La hoja de ruta es resultado de un compromiso asumido durante el primer balance global del Acuerdo de París, celebrado en la COP28, para promover una transición que permita abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Sin embargo, la hoja de ruta no forma parte de las decisiones negociadas de la conferencia, no establece metas nacionales ni sustituye las estrategias definidas por cada país.

La propuesta se desarrolló a partir de un proceso de consulta que recibió 267 contribuciones, incluidas 21 de países o grupos de países que representan a 115 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El índice considera tres dimensiones de la transición

El Belém Readiness Approach, o Enfoque de Preparación de Belém, se estructura en tres pilares. El primero evalúa la dependencia de los combustibles fósiles en la demanda de energía y considera factores como el consumo en los sectores del transporte, la industria y los edificios, así como las posibilidades de sustitución mediante electricidad renovable, eficiencia energética y otras tecnologías de bajas emisiones.

El segundo examina las condiciones de la oferta de energía. Entre los aspectos considerados figuran la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética, la disponibilidad de fuentes renovables y la infraestructura necesaria para integrar estas fuentes al sistema eléctrico, como redes de transmisión, almacenamiento, interconexiones y recursos de flexibilidad.

El tercer pilar aborda la dependencia económica de los combustibles fósiles. El análisis considera, entre otros factores, la participación del sector en los ingresos públicos, las exportaciones, las inversiones y la actividad económica, además de la capacidad para diversificar la estructura productiva.

La combinación de estas dimensiones permite evaluar tanto la exposición de cada país a los combustibles fósiles como su capacidad para llevar adelante la transición. El documento presenta diferentes perfiles de países, o arquetipos, para ilustrar cómo las condiciones iniciales pueden variar y requerir estrategias distintas.

La metodología no pretende establecer una clasificación ni categorizar a los países de manera definitiva. La propuesta consiste en ofrecer una herramienta de autoevaluación que pueda perfeccionarse de acuerdo con las condiciones nacionales y contribuir a identificar las necesidades de cooperación internacional.

La agenda de implementación se extiende hasta 2033

Además de la metodología, el documento propone el TAFF Mutirão, una agenda de implementación para el período comprendido entre 2027 y 2033, organizada en tres ejes: fortalecimiento de las instituciones y de las señales a largo plazo; cambios en las señales del mercado y en los flujos de capital; y transformación física de los sistemas energéticos y las economías.

La primera etapa, prevista hasta 2028, deberá concentrar los esfuerzos en crear las condiciones institucionales y económicas para acelerar la transición. Entre las acciones sugeridas figuran la revisión de los incentivos a los combustibles fósiles, con medidas de protección específicas para los consumidores vulnerables, y la reducción de las emisiones de metano y de la quema de gas en las operaciones de petróleo y gas.

La hoja de ruta destaca que las tecnologías ya disponibles pueden permitir a los operadores reducir aproximadamente un 75 % de las emisiones de metano procedentes de la producción de petróleo y gas y evitar el 95 % de las emisiones asociadas a la quema de gas. Estos porcentajes se presentan como potenciales de reducción, no como resultados ya alcanzados.

La agenda también contempla la continuidad del diálogo internacional bajo las próximas presidencias de las COP, con la participación de los Campeones de Alto Nivel para el Clima, el G20, el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales. El objetivo es avanzar en cuestiones como el costo del capital, el acceso al financiamiento, la resiliencia fiscal, los subsidios y las señales de precios.

El segundo Balance Global del Acuerdo de París, cuya conclusión está prevista para 2028, se señala como una oportunidad para evaluar los avances y fortalecer la cooperación internacional.

Los caminos dependen de las condiciones de cada país

El documento destaca que los países parten de condiciones diferentes en cuanto a la dependencia de los combustibles fósiles, la disponibilidad de recursos energéticos y la capacidad para financiar cambios estructurales. Por ello, la transición debe considerar las diferencias entre las economías y también las desigualdades dentro de cada país.

Entre las medidas señaladas figuran la diversificación productiva, el fortalecimiento de la capacidad fiscal, el acceso a financiamiento concesional, la capacitación de los trabajadores y la asignación de los ingresos procedentes de los combustibles fósiles a inversiones en otras actividades económicas.

La Presidencia de la COP30 también destaca que la transición debe preservar la seguridad y la asequibilidad energética, además de considerar los impactos sobre los trabajadores y las comunidades que dependen de las actividades relacionadas con los combustibles fósiles.

Por lo tanto, la hoja de ruta no propone un modelo único de transición, sino un conjunto de referencias para orientar las decisiones nacionales y ampliar la cooperación. Su implementación dependerá de la adhesión de los países y de la capacidad para transformar las directrices en políticas, inversiones y cambios concretos en los sistemas energéticos y las economías.

La revisión conserva la estructura y los datos centrales del informe, pero hay un punto que merece atención antes de la publicación: la descripción de los porcentajes de reducción de metano y de las emisiones asociadas a la quema de gas. Los mantuve como potenciales técnicos, y no como compromisos o resultados, para evitar atribuir al documento una afirmación más contundente que la presentada.