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En EE. UU., un tribunal federal anula la cancelación del programa Solar for All de 7.000 millones de dólares

Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos dictamina que la Administración Trump actuó ilegalmente al cancelar subvenciones para energía limpia autorizadas por el Congreso y diseñadas para reducir los costos energéticos de los hogares de bajos ingresos.
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Image: IRENA

Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos dictamina que la Administración Trump actuó ilegalmente al cancelar subvenciones para energía limpia autorizadas por el Congreso y diseñadas para reducir los costos energéticos de los hogares de bajos ingresos.

Un juez federal ha dictaminado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) canceló ilegalmente el programa Solar for All, dotado con 7.000 millones de dólares, y ha anulado la decisión de la agencia de poner fin a una iniciativa nacional diseñada para reducir las facturas de electricidad y ampliar el acceso a la energía solar residencial.

La jueza de distrito Mary S. McElroy, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, concedió un fallo sumario a los demandantes y escribió en su resolución que el Congreso pretendía que la EPA continuara administrando las subvenciones de Solar for All que ya habían sido comprometidas. McElroy concluyó que la agencia actuó en contra de la intención del Congreso y sin autoridad legal cuando rescindió el programa, y ordenó que se anulara la cancelación.

Creado en virtud de la Sección 134 de la Ley de Aire Limpio mediante el Greenhouse Gas Reduction Fund de 27.000 millones de dólares de la Inflation Reduction Act de 2022, Solar for All fue estructurado por la EPA como un marco competitivo de subvenciones diseñado para crear canales de capital a largo plazo para comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas.

En abril de 2024, la agencia seleccionó a 60 beneficiarios principales de las subvenciones en todo el país y asignó fondos a oficinas estatales de energía, territorios, gobiernos tribales, municipios y organizaciones sin fines de lucro multiestatales. Estos beneficiarios operan como administradores intermediarios de capital que distribuyen fondos a instaladores solares locales, desarrolladores de proyectos comunitarios y subbeneficiarios.

El modelo del programa se dirige a tres clases principales de activos: energía solar residencial en tejados de viviendas unifamiliares, energía solar comunitaria destinada al sector residencial y sistemas de almacenamiento con baterías asociados. Los beneficiarios deben destinar entre el 80% y el 85% de los fondos de las subvenciones a asistencia financiera directa, incluidas subvenciones de capital inicial, préstamos a bajo interés y ayudas.

Los fondos restantes están destinados a asistencia técnica y cubren mejoras esenciales como reparaciones estructurales de tejados, actualizaciones de tableros eléctricos, climatización, emplazamiento, permisos, interconexión y desarrollo de la fuerza laboral. Según las condiciones del programa federal, cada modelo de proyecto financiado debe garantizar una reducción neta mínima del 20% en la factura eléctrica de los hogares de bajos ingresos participantes.

En el conjunto de su cartera nacional, la EPA proyectó que los 7.000 millones de dólares en asignaciones de capital permitirían desplegar más de 4 GW de capacidad solar distribuida. Se estima que los sistemas instalados llegarán a más de 900.000 hogares y generarán aproximadamente 400 dólares anuales, o 33 dólares mensuales, de ahorro en las facturas eléctricas de las familias. Estos ahorros suman más de 350 millones de dólares al año y más de 8.000 millones de dólares en ahorros acumulados para los hogares durante una vida útil estándar de los sistemas de 25 años.

Los proyectos desplegados en el marco de la iniciativa también están sujetos a las normas federales de salarios prevalecientes Davis-Bacon y a los requisitos de abastecimiento de Build America, Buy America. Estas normas laborales y de adquisición están estructuradas para respaldar unos 200.000 puestos de trabajo en construcción y actividades técnicas relacionadas con la energía limpia durante un periodo de despliegue de cinco años. En el aspecto ambiental, se calcula que el despliegue de 4 GW evitará o reducirá más de 30 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono equivalente a lo largo de su vida útil, lo que equivale a retirar de las carreteras más de 7 millones de vehículos de pasajeros propulsados por gasolina.

La Administración Trump tomó medidas para cancelar el programa en agosto de 2025 tras la aprobación de legislación federal sobre gasto, y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó públicamente las subvenciones de despilfarro. La firma de investigación Atlas Public Policy señaló entonces que solo 53 millones de dólares de los 7.000 millones adjudicados habían sido desembolsados a los beneficiarios antes de que se ejecutara la congelación administrativa.

Una demanda paralela presentada en octubre de 2025 por una coalición de fiscales generales estatales ante el Distrito Oeste de Washington fue desestimada por falta de jurisdicción en junio de 2026. La resolución de la jueza McElroy en Rhode Island deja directamente sin efecto la orden de revocación de la agencia y despeja el camino legal para que se reanude la administración de las subvenciones.

La decisión resuelve una demanda presentada en octubre de 2025 por una coalición que incluye a Conservation Law Foundation, Southern Environmental Law Center, Lawyers for Good Government y Lawyers’ Committee for Rhode Island. La acción legal fue encabezada por Rhode Island AFL-CIO junto con Rhode Island Center for Justice, Solar United Neighbors, empresas solares y propietarios particulares que se vieron afectados cuando la financiación federal se interrumpió abruptamente.

“El tribunal dictaminó que la Administración Trump nunca debió cancelar Solar for All porque el Congreso pretendía que continuara, y la EPA infringió la ley cuando acabó con el programa y se quedó con el dinero”, dijo Nick Torrey, abogado sénior de SELC.

“Las facturas de electricidad se están disparando, por lo que los proyectos solares de bajo costo, que garantizan importantes ahorros, son más necesarios que nunca. La victoria de hoy significa que la EPA debe dejar de retener los 7.000 millones de dólares de financiación para este programa y comenzar a distribuirlos entre las comunidades para proporcionar a las familias estadounidenses trabajadoras un alivio que necesitan con urgencia”, agregó.

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