La reforma de los permisos energéticos podría avanzar tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, según Wood Mackenzie

Tras la conquista de la Cámara de Representantes y el Senado por parte de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos, la reforma de los procedimientos de autorización podría convertirse en una de las principales prioridades para impulsar el crecimiento del sector eléctrico y reducir los costos de la energía en el país, según un informe de Wood Mackenzie.

El aumento de los costos energéticos, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, ha situado la asequibilidad de la electricidad entre las principales preocupaciones de ambos partidos. Ante la expansión de los centros de datos y la electrificación, que elevarán la demanda eléctrica estadounidense un 3 % anual entre 2026 y 2035, Wood Mackenzie prevé que los precios mayoristas de la electricidad aumenten un 46 % durante ese período. Esto convierte el acceso a la red para las energías limpias en una prioridad legislativa.

Aunque la presencia de un presidente republicano en la Casa Blanca dificulta considerablemente la ampliación de los créditos fiscales para las energías renovables, la reforma de los permisos federales destaca como la única línea de actuación política que cuenta con un impulso de ambos partidos, según el informe.

Wood Mackenzie señala la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos (Bipartisan American Affordability and Jobs Act, BAAJA) como el principal instrumento para acelerar el desarrollo de proyectos solares a gran escala, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y líneas de transmisión de alta tensión. Entre las principales iniciativas incluidas en el proyecto legislativo figuran:

• Completar las evaluaciones de impacto ambiental previstas en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) en un plazo máximo estricto de dos años.
• Prohibir que las agencias federales revoquen retroactivamente los permisos de construcción y operación ya concedidos.
• Limitar la presentación de recursos judiciales contra las autorizaciones a un período de 150 días después de la emisión de la resolución ambiental definitiva.
• Establecer un plazo obligatorio de nueve meses para la revisión de los permisos de dragado y relleno contemplados en la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia, necesarios para las infraestructuras lineales de la red eléctrica.

Para los propietarios de activos solares y de almacenamiento, la simplificación de los procedimientos de autorización resulta fundamental para conectar instalaciones de generación a gran escala y desarrollar proyectos que combinen energía solar y almacenamiento en un mismo emplazamiento, con el fin de evitar los corredores de transmisión congestionados.

Los cuellos de botella de la red siguen siendo un obstáculo importante para el despliegue de las energías renovables. Los costos anuales derivados de la congestión de la transmisión superan los 10.000 millones de dólares, mientras que la construcción de nuevas líneas de alta tensión durante la década de 2020 avanza a menos de la mitad del ritmo registrado en la década anterior. La BAAJA aborda las infraestructuras lineales mediante el establecimiento de evaluaciones ambientales conforme a la NEPA de un año de duración y un límite de 150 días para la presentación de recursos judiciales contra los proyectos de transmisión de alta tensión. Estas medidas permitirían acelerar el suministro de electricidad procedente de grandes instalaciones solares y de almacenamiento situadas en zonas alejadas hacia los centros urbanos de consumo.

«La mejor opción para que la industria eólica consiga una reforma de los procedimientos de autorización es quedar incluida en una ley nacional que abarque múltiples tecnologías y que el Congreso supervise su implementación», afirmó Siddhant Warrier, analista de investigación del sector eléctrico de América del Norte en Wood Mackenzie.

Las restricciones en la cadena de suministro de equipos representan otro cuello de botella para las instalaciones solares y de almacenamiento. Una orden ejecutiva de agosto que restringe los equipos para sistemas eléctricos de potencia procedentes de 24 países, incluida China, afectará previsiblemente a la disponibilidad de componentes antes de la publicación de las directrices definitivas en diciembre. Los déficits actuales del mercado se sitúan en el 18 % para los transformadores de potencia y en el 14 % para los transformadores de subestaciones.

Pese a las posibles dificultades derivadas de la actuación del Poder Ejecutivo, Wood Mackenzie señala que existen precedentes históricos de gobiernos divididos que lograron aprobar leyes energéticas de gran alcance. Como ejemplo, cita la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007, que considera un modelo de compromiso bipartidista en períodos de tensión en los mercados eléctricos.

«Aunque consideramos probable una reforma de los procedimientos de autorización, la forma en que se legislen e implementen las políticas sigue representando un riesgo para la economía estadounidense», afirmó David Brown, director de investigación energética integrada global de Wood Mackenzie. «La polarización partidista arraigada podría provocar un estancamiento de las políticas y confusión regulatoria».