Proponen en Brasil una meta de 8 GW en baterías para 2030 al Gobierno reelegido

La Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica (Absolar) propone instalar 8 GW de sistemas de almacenamiento a gran escala hasta 2030, con subastas anuales de capacidad y una reducción de los impuestos sobre las baterías. La medida forma parte de tres compromisos presentados por la entidad al Gobierno reelegido de Luiz Inácio Lula da Silva, que también incluyen aumentar el consumo de la energía renovable que actualmente se recorta y llevar electricidad a 3 millones de unidades consumidoras.

La propuesta cobra relevancia ante los recortes de generación solar y eólica, que alcanzaron el 17,2 % del potencial de estas fuentes en el primer trimestre de 2026, según la asociación. Para reducir el desperdicio, Absolar defiende que las subastas de reserva de capacidad para la contratación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), previstas para el 2 y el 4 de diciembre, inauguren una agenda anual de contrataciones.

La entidad también reclama una compensación para los proyectos afectados por los recortes de generación, conforme a lo establecido por la ley.

“El presidente Lula prometió hacer el mejor Gobierno que el país haya visto. En un momento en que Brasil sufre cada vez más fenómenos climáticos extremos e inseguridad jurídica, cumplir esa promesa de Gobierno implicará devolver la previsibilidad al sector eléctrico: cumplir con las compensaciones a los proyectos cuya generación fue recortada, como ya determina la ley, y garantizar una buena ejecución de las subastas de baterías de diciembre de este año, como primer paso de una agenda recurrente y anual de almacenamiento de energía”, afirma Bárbara Rubim, presidenta del Consejo de Administración de Absolar.

Tres compromisos para el sector eléctrico

El plan de Absolar para el período 2027-2030 se divide en tres ejes: Batería Brasil, Energía que Genera Empleo y Sol para Todos.

Batería Brasil contempla subastas anuales de capacidad con neutralidad tecnológica, la meta de 8 GW de almacenamiento a gran escala hasta 2030 y la reducción de los impuestos sobre las baterías hasta el mismo nivel aplicado a las fuentes renovables. La entidad también defiende el uso de baterías asociadas a sistemas solares en tejados, tanto nuevos como existentes.

La agenda incluye además la definición de las condiciones de financiamiento de las subastas de diciembre, la implementación del Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de la Infraestructura (REIDI) para proyectos de almacenamiento, conforme a lo establecido en la Ley n.º 15.269/2025, y la creación de un marco legal específico. Según la asociación, la carga tributaria sobre las baterías puede alcanzar el 84,8 %, más del doble de la que se aplica a las fuentes renovables.

El compromiso Energía que Genera Empleo busca aumentar el consumo interno de la electricidad renovable que actualmente se recorta, mediante la atracción de centros de datos, industrias electrointensivas de bajas emisiones de carbono, proyectos de hidrógeno verde e inversiones en electrificación y electromovilidad. La propuesta también contempla la planificación de la transmisión y la viabilización de 18 GW en nuevas plantas solares.

Por su parte, Sol para Todos prevé ampliar el acceso a la electricidad para 3 millones de unidades consumidoras mediante sistemas solares y baterías. La entidad también propone sustituir los generadores diésel en sistemas aislados por soluciones con almacenamiento, con el fin de reducir cargos tarifarios como la Cuenta de Consumo de Combustibles (CCC) y la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE).

“Brasil reúne condiciones privilegiadas para transformar su matriz renovable en una ventaja competitiva, incluso para atraer centros de datos, industrias electrointensivas, fábricas de hidrógeno verde y electromovilidad. Para ello, necesita almacenar la electricidad limpia y competitiva que genera en abundancia y que hoy desperdicia. El Gobierno federal debe apoyar el consumo interno de lo que actualmente se desperdicia y llevar energía limpia a quienes todavía no tienen acceso a ella. Estos son los tres compromisos que presentamos al Gobierno reelegido, y ninguno de ellos genera cargos en la tarifa ni nuevos costos para los consumidores”, destaca Rodrigo Sauaia, director ejecutivo de Absolar.

Centros de datos y mercado libre

Absolar considera que la atracción de centros de datos representa una oportunidad para absorber parte de la energía renovable que actualmente se desperdicia. Para ello, destaca la reglamentación del Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centros de Datos (Redata), establecido por la Ley n.º 15.504/2026. El régimen contempla contrapartidas relacionadas con el uso de energía renovable o de bajas emisiones, pero todavía depende de la reglamentación del Poder Ejecutivo.

La entidad subraya que los nuevos proyectos deben ir acompañados de planificación energética e inversiones en las redes de transmisión y distribución, señaladas como cuellos de botella por los grandes consumidores que evalúan invertir en Brasil.

Otro cambio será la apertura del mercado libre de energía a los consumidores de baja tensión, prevista en la Ley n.º 15.269/2025 y reglamentada mediante un decreto en agosto de 2026. El cronograma establece la incorporación de los consumidores comerciales e industriales a partir de noviembre de 2027 y de los residenciales a partir de noviembre de 2028.

Absolar defiende reglas claras, protección a los consumidores, campañas informativas y condiciones competitivas para la participación de las fuentes renovables en ese mercado.

Regulación e inversiones

La entidad defiende que las próximas designaciones para el directorio de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) prioricen criterios técnicos. Entre los temas regulatorios se encuentran el almacenamiento, los recortes de generación renovable, la generación distribuida, la conexión de nuevos proyectos, los cargos sectoriales y la modernización de las redes.

Absolar afirma que mantendrá el diálogo con los gobiernos federal y estatales, el Congreso Nacional, las asambleas legislativas y los organismos reguladores para contribuir a las políticas públicas orientadas a la seguridad energética, la competitividad de la electricidad y el desarrollo económico sostenible.