La Orden Ejecutiva 14420 del presidente Donald Trump, que restringe la infraestructura eléctrica fabricada en el extranjero en el sistema eléctrico de gran escala de Estados Unidos, podría someter a una presión adicional a una cadena de suministro ya tensionada para importadores y desarrolladores de proyectos estadounidenses.

La declaración de emergencia, adoptada para atender preocupaciones de seguridad nacional y ciberseguridad en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, afecta a equipos de alta tensión que operan a 69 kV o más, así como a instalaciones de generación eléctrica necesarias para mantener la confiabilidad del sistema. Más allá de los equipos físicos, su alcance se extiende al software crítico, firmware, servicios digitales y capacidades de acceso remoto asociados que sean proporcionados por entidades extranjeras.

La directiva se aplica a equipos diseñados, fabricados o suministrados por proveedores vinculados a 24 países sujetos a sanciones y embargos de armas contemplados por el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas de Estados Unidos (ITAR). Los activos restringidos abarcan sistemas de subestación, generación y control, entre ellos transformadores de potencia, inversores a escala de servicios públicos y conectados a la red, sistemas de almacenamiento de energía con baterías, interruptores automáticos de alta tensión, reguladores de voltaje y equipos electrónicos de control industrial, como unidades terminales remotas (RTU) y controladores lógicos programables (PLC). La orden excluye expresamente las redes locales de distribución de baja tensión.

Aunque la medida alcanza a 24 países, una investigación publicada por Wood Mackenzie destaca que su impacto comercial recaerá casi por completo sobre China. Según la consultora, los fabricantes chinos representan prácticamente la totalidad de las importaciones de equipos para el sistema eléctrico de gran escala que han ingresado a Estados Unidos desde comienzos de 2025, por un valor de mercado superior a 22.000 millones de dólares.

La medida llega en un momento en que la red eléctrica estadounidense enfrenta graves cuellos de botella estructurales de suministro. Wood Mackenzie estima que el mercado de Estados Unidos ya registra en 2026 un déficit activo del 15% en transformadores de potencia y del 8% en subestaciones. Las restricciones al acceso a equipos chinos agravarán las dificultades de abastecimiento, especialmente para proyectos de servicios públicos e infraestructura de gran escala.

El segmento que afronta la mayor presión es el de los transformadores de 100 MVA o más. Impulsado por el aumento de la demanda eléctrica derivado de la integración de renovables a gran escala y de la expansión de la infraestructura digital, el mercado estadounidense de transformadores de potencia de más de 10 MVA ha crecido cerca de un 300% desde 2020.

“Las empresas eléctricas han venido evitando en gran medida a los proveedores chinos desde la primera prohibición sobre el sistema eléctrico de gran escala, y buena parte de los efectos se concentrará en los centros de datos, que han estado utilizando equipos chinos para reducir los plazos de entrega”, afirmó Ben Boucher, analista principal de cadena de suministro de Wood Mackenzie. “El segmento de más de 100 MVA es donde la escasez ya es más aguda, y es precisamente donde los centros de datos han estado recurriendo a fabricantes chinos para gestionar los plazos de entrega”.

Para los desarrolladores de energía limpia y propietarios de infraestructura, la orden ejecutiva añade otra capa de complejidad regulatoria a las restricciones sobre Entidades Extranjeras de Preocupación (FEOC), las normas de contenido nacional de la Ley de Reducción de la Inflación, los créditos a la fabricación de la Sección 45X y los aranceles federales a las importaciones.

Aunque la orden se aplica a las transacciones iniciadas después del 26 de agosto de 2026, los equipos no quedarán formalmente prohibidos hasta que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) complete las evaluaciones de los proveedores y emita las determinaciones oficiales de riesgo.

El DOE dispone de 120 días, hasta el 24 de diciembre de 2026, para publicar las normas formales de aplicación de la política, incluidos posibles mecanismos de precalificación de proveedores o sistemas de licencias.

“Una incertidumbre importante sigue siendo el alcance exacto de la orden”, añadió Boucher. “Todavía no está claro cómo se aplica la definición de sistema eléctrico de gran escala a las cargas de los centros de datos, lo que significa que el alcance total del impacto sobre ese segmento del mercado podría variar considerablemente dependiendo de cómo el Departamento de Energía interprete y aplique las normas durante los próximos 120 días”.