EE. UU. registró un aumento del 14 % en los proyectos renovables impugnados y 9,8 GW en cancelaciones en 2025

Al menos 70 restricciones estatales y locales a proyectos de energías renovables se añadieron en 2025, según la edición de septiembre de 2026 del informe Opposition to Renewable Energy Facilities in the United States (Oposición a las instalaciones de energía renovable en Estados Unidos), publicado cada año por investigadores del Sabin Center for Climate Change Law de la Facultad de Derecho de Columbia.

En total, el informe registra ahora 865 restricciones locales al desarrollo de energías renovables, junto con 23 medidas a nivel estatal en 19 estados. Aunque el número de restricciones alcanzó un nuevo máximo, el ritmo al que se están adoptando nuevas restricciones se ha desacelerado, al pasar de 165 nuevas restricciones en 2023 a 112 en 2024 y 70 en 2025.

Además, los investigadores contabilizaron 567 proyectos impugnados, remontándose hasta 2004. De los proyectos que encontraron oposición organizada, 322 tenían un componente solar, frente a 217 con un componente eólico, 41 con un componente de almacenamiento en baterías y 17 con un componente de transmisión.

Un análisis de los datos del informe revela 22 proyectos cancelados en 2025, que suman casi 9,8 GW de capacidad. El mayor de estos proyectos fue el proyecto solar Esmeralda 7 de 6,2 GW, en Nevada, que fue cancelado por la Oficina de Administración de Tierras en octubre de 2025.

Nueva York y Virginia encabezan el país en proyectos impugnados, con 52 y 40, respectivamente. California, Michigan y Ohio completan los cinco primeros puestos, con más de 30 proyectos impugnados cada uno. Solo dos estados (Nuevo México y Nueva Jersey) no tenían restricciones estatales o locales identificadas, aunque ambos tenían proyectos impugnados.

De los 567 proyectos impugnados en total desde 2004, al menos 227 (aproximadamente el 40 %) han sido cancelados. Los 9,8 GW de capacidad cancelada en 2025 constituyen, por amplio margen, la mayor capacidad cancelada en un solo año, frente al máximo anterior de 3,26 GW registrado en 2024. Aunque la oposición local fue un factor importante, el informe señala que las cancelaciones también pueden estar influidas por otros problemas relacionados con los proyectos.

El informe anual del Sabin Center for Climate Change Law forma parte de su Renewable Energy Legal Defense Initiative (RELDI). Lanzada en 2019, RELDI realiza investigaciones independientes sobre cuestiones relacionadas con el emplazamiento de infraestructura de energías renovables y facilita. También proporciona representación legal pro bono a grupos comunitarios y residentes locales que apoyan proyectos de energías renovables en sus comunidades que enfrentan oposición.

Principales leyes estatales

El informe menciona varias leyes estatales importantes que han contribuido a aumentar o reducir las restricciones al emplazamiento de proyectos de energías renovables.

Entre las leyes que han aumentado las restricciones se encuentran la House Bill 483 de Ohio, de 2014, que establece una estricta distancia mínima de 1.125 pies (343 metros) entre las puntas de las palas de los aerogeneradores y los límites de las propiedades adyacentes más cercanas, y la Senate Bill 52 de 2021, que autoriza a los condados a vetar proyectos específicos a gran escala y a designar “áreas restringidas” donde se prohíben los proyectos eólicos de 5 MW o más y los proyectos solares de 50 MW o más. El informe señala que esta última ley ha llevado a 30 de los 88 condados de Ohio a establecer prohibiciones al desarrollo.

Además, leyes estatales como la Arkansas Wind Energy Development Act de 2025, la House Bill 459 de Luisiana de 2025 y la Maryland Renewable Energy Certainty Act añadieron nuevas restricciones al emplazamiento de proyectos en 2025.

Entre las leyes estatales destacadas que otorgan a organismos estatales la facultad de anular restricciones locales se encuentran la Senate Bill 159 de Delaware de 2025, la Public Act 233 de Michigan de 2023 y la Minnesota Energy Infrastructure Permitting Act de 2024.

Al abordar las conclusiones del informe en una publicación en LinkedIn, la expresidenta de SEIA Abby Hopper instó a los desarrolladores a crear estrategias sólidas de participación comunitaria y a trabajar para establecer “acuerdos de beneficios comunitarios de impacto que reflejen las necesidades” de las comunidades donde está previsto desarrollar los proyectos. También pidió acción política y escribió:

Nuestra industria debe aumentar su poder político. Tenemos que hacernos presentes, tanto en nuestra participación política como en nuestras contribuciones políticas, en las elecciones locales y estatales. Nuestros negocios están en juego y no podemos ganar estas batallas a menos que actuemos como una industria madura. Cada una de esas 888 leyes fue aprobada por funcionarios electos que se presentarán a la reelección.