Wood Mackenzie prevé una fuerte aceleración del almacenamiento de energía en América Latina durante la próxima década. En su informe “Latin America energy storage outlook 2026” (Perspectivas del almacenamiento de energía en América Latina para 2026), la firma estima que la capacidad acumulada crecerá desde 2,5 GW en 2025 hasta 34 GW en 2035, lo que supone multiplicar por 13,6 la potencia instalada en diez años.

La nueva estimación representa una revisión sustancial respecto de la edición anterior del informe. En septiembre de 2025, Wood Mackenzie proyectaba que el mercado latinoamericano alcanzaría 23 GW en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8%. Entonces ya identificaba las restricciones de red, el aumento de los vertimientos renovables y las licitaciones como los principales factores que impulsarían el almacenamiento.

“América Latina ya no es un mercado frontera para el almacenamiento de energía, es un mercado activo. La cartera de proyectos crece rápidamente, pero el despliegue se paraliza sin marcos regulatorios integrales con mecanismos claros de remuneración”, afirma Pamela Morales, de Wood Mackenzie.

Chile mantiene el liderazgo regional y concentra los mayores proyectos BESS actualmente en operación en América Latina. Según la consultora, los elevados niveles de vertimiento de generación renovable continúan favoreciendo las inversiones en sistemas de mayor duración. Sin embargo, Wood Mackenzie identifica un nuevo riesgo: la canibalización de precios en el norte del país a medida que aumenta la capacidad instalada de baterías, lo que podría reducir los ingresos obtenidos mediante arbitraje energético.

México se encuentra, según el análisis, en un punto de inflexión determinado en buena medida por la política energética. Wood Mackenzie estima que los nuevos mecanismos para proyectos estratégicos y los esquemas de desarrollo conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contemplan almacenamiento, podrían traducirse en la adjudicación de más de 3 GW de capacidad hasta 2030.

La convocatoria mexicana para proyectos estratégicos estableció en julio una referencia de 935 MW de sistemas de almacenamiento independientes, todos con tres horas de duración, distribuidos entre Baja California, Baja California Sur y las regiones Norte, Noroeste, Oriental, Occidental y Peninsular. La cifra tiene carácter indicativo y no constituye un límite para la presentación de proyectos. Además, el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico contempla un requisito de almacenamiento equivalente al 30% de la potencia para nuevos proyectos renovables, según el análisis de Wood Mackenzie.

Brasil también se prepara para un cambio de escala. El país celebrará el 2 y el 4 de diciembre de 2026 sus primeras dos subastas de reserva de capacidad destinadas específicamente a grandes sistemas de baterías. El primero estará reservado a proyectos que cumplan requisitos de fabricación nacional y el segundo estará abierto al resto de sistemas. Los contratos tendrán una duración de 15 años, con inicio del suministro el 1 de agosto de 2028, y las instalaciones deberán disponer de al menos 30 MW y cuatro horas de duración.

Wood Mackenzie considera que estos procesos permitirán acelerar las incorporaciones brasileñas desde 2028, aunque advierte de que la financiación continuará limitada mientras no existan mecanismos de remuneración suficientemente claros y previsibles.

Argentina, por su parte, ha creado en poco más de un año un mercado de almacenamiento independiente apoyado en licitaciones. Aquí conviene precisar la cifra del informe de Wood Mackenzie: la consultora sitúa las adjudicaciones recientes en unos 1,3 GW, mientras que los datos oficiales disponibles suman 1.413,5 MW. AlmaGBA adjudicó 713 MW y AlmaSADI otros 700,5 MW. Los proyectos están destinados principalmente a aliviar restricciones en nodos críticos y prestar servicios de potencia y reservas mientras se ejecutan ampliaciones de la red de transporte.

La República Dominicana aparece en el informe como uno de los mercados con un marco regulatorio más definido del Caribe. La normativa exige que los nuevos proyectos renovables de al menos 20 MWac incorporen almacenamiento equivalente, como mínimo, al 50% de su capacidad instalada y con una duración mínima de cuatro horas. Wood Mackenzie sitúa además en 500 MW el objetivo de almacenamiento del país para 2030.

Pese al crecimiento previsto, la consultora identifica como principal obstáculo regional la falta de modelos de ingresos financiables. En numerosos mercados todavía no existe una remuneración definida para servicios auxiliares, arbitraje energético o capacidad, a lo que se suman restricciones de financiación, retrasos en permisos y un número limitado de compradores capaces de respaldar contratos de largo plazo.

“América Latina todavía necesita encontrar un equilibrio entre mandatos e incentivos para desarrollar el mercado”, señala Morales. Según la analista, los países que establezcan mecanismos de remuneración financiables estarán mejor posicionados para convertir las carteras anunciadas en proyectos efectivamente construidos durante la próxima década.