El programa Colombia Solar se ha convertido en uno de los primeros puntos de fricción entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó ayer miércoles que el equipo de empalme del próximo gobierno solicitó a la cartera abstenerse de continuar con la ejecución y ampliación del programa durante el periodo de transición.

Según la versión difundida por el Ministerio, la comunicación propone que el próximo gobierno revise la continuidad, el ritmo y el alcance de Colombia Solar para ajustarlos a su propia política energética. Palma interpretó la petición como una solicitud para “frenar” el programa y aseguró que su administración continuará ejecutando los contratos vigentes hasta el final del mandato de Petro. La nota oficial de la cartera no adjunta ni reproduce íntegramente la comunicación atribuida al equipo de empalme.

Colombia Solar es un programa creado para sustituir progresivamente parte de los subsidios tradicionales a la electricidad por sistemas de autogeneración fotovoltaica en hogares de estratos 1, 2 y 3. Su objetivo es que las familias produzcan una parte de la energía que consumen mediante paneles solares, reduciendo su factura eléctrica y la carga fiscal de los subsidios. El programa también contempla soluciones individuales y colectivas, con reglas para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas.

El equipo entrante cuestiona el traslado de 4 billones de pesos

El pronunciamiento público identificado por parte del gobierno electo no responde directamente a la afirmación de Palma ni confirma que exista una decisión de cancelar Colombia Solar.

El denominado Empalme Anticorrupción del gobierno electo centró su posición en la decisión anunciada por Petro de trasladar 4 billones de pesos colombianos inicialmente asociados a vigencias futuras de Colombia Solar hacia el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El equipo de De la Espriella cuestionó la magnitud de la operación, la rapidez con la que podría ejecutarse antes del cambio de gobierno y los antecedentes de la UNGRD. También solicitó a la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control una vigilancia preventiva sobre la legalidad, la trazabilidad y la eventual adjudicación de los recursos.

La posición pública del gobierno entrante se refiere, por tanto, al manejo presupuestario y al vehículo elegido para administrar los recursos, no a una oposición expresa a la instalación de sistemas fotovoltaicos en hogares vulnerables.

Hasta la publicación de este artículo, De la Espriella, la ministra designada de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el coordinador del empalme sectorial no habían divulgado una respuesta específica a la acusación de Palma ni explicado qué elementos de Colombia Solar pretenden conservar, modificar o suspender.

Reducciones de hasta el 98,1 % en algunas facturas

La controversia coincidió con la presentación de los primeros resultados del programa en Villas de San Pablo, un barrio de Barranquilla en el que se instalan sistemas fotovoltaicos en viviendas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

El Ministerio informó que las primeras facturas analizadas mostraron una reducción media del 56,1 % en el importe pagado y del 62,6 % en la electricidad tomada de la red. En algunos hogares, la disminución del valor de la factura alcanzó el 98,1 %.

La cobertura deberá ampliarse de manera progresiva hasta alcanzar 2.374 viviendas en Villas de San Pablo. Una segunda etapa del programa contempla otros 7.740 usuarios, según la información del gobierno saliente.

Colombia Solar busca sustituir parte de los subsidios tradicionales al consumo eléctrico por activos de generación fotovoltaica. El modelo permite que los hogares produzcan una parte de la electricidad que consumen y reduzcan su dependencia de la red.

La discusión abierta durante el empalme no permite determinar todavía si el próximo gobierno mantendrá ese modelo, modificará su financiación, limitará su expansión o lo integrará en una política diferente de generación distribuida.

Una transición subordinada a la seguridad energética

La propuesta de De la Espriella parte del concepto de una “transición energética inteligente”, gradual y condicionada a la viabilidad técnica y económica de cada tecnología.

Su programa coloca como prioridades la seguridad del suministro, la reducción de los costos de la energía, la recuperación de la inversión privada y la estabilidad regulatoria. A diferencia del planteamiento del gobierno Petro, no propone que la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles sea el criterio dominante de la política energética.

De la Espriella sostiene que Colombia debe utilizar simultáneamente la generación hidráulica, solar y eólica, el almacenamiento, el gas natural, el respaldo térmico y el petróleo nacional. El programa también menciona la energía nuclear, la biomasa, la geotermia, los biocombustibles y el desarrollo de minerales estratégicos.

El presidente electo recibirá un sistema en el que la capacidad solar y eólica alcanzó 4.626,73 MW el 17 de julio, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía. Ambas tecnologías representan el 19,23 % de la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional.

Si se añade la generación hidráulica, las fuentes que la cartera clasifica como limpias concentran el 74,16 % de la capacidad instalada, mientras que las centrales térmicas representan el 25,84 %.

Solar y eólica: acelerar proyectos, pero sin una meta en MW

Durante la campaña, De la Espriella utilizó la expresión “revolución solar y eólica” para definir su propuesta de expansión de las energías renovables.

El planteamiento busca acelerar proyectos, resolver retrasos en las conexiones al Sistema Interconectado Nacional, ampliar las redes y reducir los trámites administrativos. También pretende recuperar lo que la campaña denomina rigor técnico e independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La participación privada tendría un papel central tanto en la construcción de nueva capacidad como en la financiación de redes, generación y otras infraestructuras energéticas.

Sin embargo, el programa no establece cuántos MW solares o eólicos se instalarán durante el periodo 2026-2030. Tampoco fija objetivos anuales de generación renovable, inversión o participación de estas fuentes en la matriz.

Para la fotovoltaica no se han presentado metas específicas de generación distribuida, autoconsumo, techos solares o comunidades energéticas. Tampoco se detallan incentivos fiscales, líneas de crédito, subastas solares diferenciadas, programas de fabricación local o mecanismos de contratación para pequeños sistemas.

La propuesta es favorable a la expansión solar, pero se concentra en las condiciones generales del mercado —licenciamiento, regulación, transmisión, inversión y conexiones— y no en una hoja de ruta fotovoltaica diferenciada.

La continuidad de Colombia Solar será, por ello, una primera señal sobre el papel que el nuevo gobierno asignará a la generación distribuida con objetivos sociales. La campaña ha desarrollado con más detalle las condiciones para grandes inversiones que los mecanismos de acceso a la tecnología para hogares de bajos ingresos.

Baterías y nuevas subastas de energía firme

El almacenamiento tiene una presencia más explícita en el programa. De la Espriella propone desarrollar sistemas con baterías de litio y una cadena de valor asociada al litio y otros minerales estratégicos.

Su plan para reducir el riesgo de déficit eléctrico en 2027 contempla una subasta de confiabilidad para incorporar tecnologías capaces de aportar energía firme a corto plazo. La propuesta menciona centrales térmicas eficientes, almacenamiento y soluciones híbridas como posibles participantes.

No obstante, tampoco existen objetivos de almacenamiento expresados en MW o MWh. El programa no define duraciones mínimas, mecanismos de remuneración, servicios complementarios, condiciones para sistemas independientes o standalone, baterías detrás del medidor, reciclaje o segunda vida.

El próximo gobierno recibirá un marco regulatorio que avanzó durante los últimos meses de la administración Petro. El Decreto 0393 de abril estableció lineamientos para integrar sistemas de almacenamiento en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas.

En junio, la CREG expidió la Resolución 101 113 de 2026, que regula la conexión, operación y participación comercial de los sistemas de almacenamiento con baterías. El gobierno saliente también convocó una subasta de contratación de energía limpia a largo plazo abierta a generación renovable, almacenamiento y proyectos híbridos.

La administración entrante deberá decidir si mantiene estos instrumentos, los modifica o los sustituye por mecanismos más orientados a la energía firme y la confiabilidad.