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En Colombia, la ANLA otorga la primera licencia ambiental bajo el mecanismo LASolar a un proyecto solar de Enerland en Neiva

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó el Parque Solar DSE Neiva, de 19,9 MW, junto con su línea de conexión a 34,5 kV. Se trata del primer proyecto fotovoltaico del país en recibir licencia ambiental bajo el esquema LASolar, creado para plantas solares de entre 10 MW y 100 MW.
Imagen: ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia otorgó licencia ambiental al proyecto Parque Solar DSE Neiva 19,9 MW y su línea de conexión a 34,5 kV, promovido por Enerland Group en el municipio de Neiva, departamento del Huila.

Según informó la ANLA, se trata del primer parque fotovoltaico del país aprobado bajo el mecanismo de Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado (LASolar), establecido por el Decreto 1033 de 2025 para proyectos solares de capacidades intermedias, entre 10 MW y 100 MW.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla la instalación de 39.032 módulos fotovoltaicos, 92 postes y 5.482 metros de línea de transmisión nueva. La energía será evacuada mediante una línea de conexión a 34,5 kV.

El inicio de trámite de evaluación ambiental del parque solar DSE Neiva bajo el mecanismo LASolar se anunció en abril pasado.

Enerland Group señaló que el proyecto Parque Solar DSE Neiva forma parte de una actuación conjunta con el proyecto Parque Solar DSE Neiva Sur, ubicado de manera adyacente. La empresa sostiene que ambos desarrollos han sido concebidos de forma coordinada desde el punto de vista técnico y económico, con el objetivo de optimizar infraestructuras comunes y avanzar en plazos equivalentes.

La compañía prevé iniciar las obras de construcción durante el primer trimestre de 2027. El proyecto se enmarca en la cartera de Enerland en Colombia, donde la empresa afirma contar con más de 220 MWp construidos y en construcción, además de una cartera de desarrollo de 160 MWp.

El mecanismo LASolar fue presentado por el gobierno colombiano como una vía para racionalizar el licenciamiento ambiental de proyectos solares fotovoltaicos de entre 10 MW y 100 MW, con el objetivo de reducir tiempos de evaluación sin eliminar los requisitos técnicos, ambientales y sociales del trámite.

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